ANTE LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DELINEADA POR LOS DNUS 13/15 Y 267/15 DE M. MACRI
Los abajo firmantes, que desde diversos ángulos, enfoques y preocupaciones estamos dedicados al
estudio de las relaciones entre los medios, las tecnologías de la comunicación y la política
democrática, manifestamos nuestra preocupación ante la política de comunicación delineada por
los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNUs) 13/15 y 267/15 del presidente Mauricio Macri.
Las razones de dicha preocupación residen tanto en el procedimiento como en los contenidos de
dichas medidas. Sigue una enumeración sintética de las principales:
· La política de medios/comunicación tiene enormes y multifacéticas implicancias para la
democracia y la libertad de expresión, en consecuencia su elaboración debe ser fruto de
discusiones y consensos amplios que involucren una multiplicidad de actores políticos y
sociales. No puede dirimirse a puertas cerradas entre funcionarios del Poder Ejecutivo y los
principales actores empresariales. De hecho, tanto la vía del decreto como su contenido
contravienen pactos internacionales –vigentes en la Argentina, así como leyes específicas-
relativos a la protección de la libertad de expresión y a la regulación de medios.
· Las razones esgrimidas públicamente y en los considerandos de los decretos no justifican el
carácter de necesidad y urgencia de las medidas. En todo caso, se trata de razones que
debieran habilitar un debate legislativo amplio en el que todos los intereses involucrados
puedan expresarse públicamente.
· La utilización de los decretos es incongruente con la pretensión de construir políticas de
estado, de raíces duraderas y capaces de regular una comunicación pública democrática y
de superar viejos vicios en las relaciones históricas entre nuestro sistema de medios y
nuestro sistema político.
· Las críticas, por cierto válidas, a la implementación selectiva, parcial o partisana de la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte de la anterior administración no se
subsanan eliminando o alterando por decreto los artículos centrales de la misma, sino, en
todo caso, velando, en lo que compete al gobierno, por su implementación imparcial y
transparente. Si, en cambio, lo que se desea es modificar dicha ley, volvemos entonces a
señalar la importancia de que esto sea el resultado del debate legislativo, del amplio
conocimiento público y de la participación social.
· Los decretos crean una nueva autoridad de aplicación en la que el Poder Ejecutivo tendrá
mayoría absoluta y podrá remover “sin expresión de causa” a todos los miembros (incluso
a los nombrados por las minorías). Dicha creación no augura entonces un proceso de
apertura a los diferentes intereses políticos y sociales en el control, la aplicación y el diseño
de la política de comunicación.
· Argentina avanzó recientemente en una construcción institucional de las políticas
audiovisuales que no sólo involucró al Poder Ejecutivo, sino que fue fruto de un debate
público, legislativo y de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Los tres poderes del
Estado coincidieron, en consonancia con las regulaciones de las democracias estables, quela libertad de expresión y el pluralismo precisan restricciones a la concentración de la
propiedad de medios. Como todo, puede discutirse cuáles son los mecanismos idóneos
para establecerlas, pero parece problemático cancelar dicho debate (sobre la premisa
empíricamente infundada de la inexistencia de la concentración en nuestro país), eliminar
sin argumento varios de los principales límites a la concentración fruto de la ley aprobada
por el Congreso, y decretar un marco opuesto como un hecho consumado.
· El relajamiento de los límites a la propiedad generará consecuencias importantes sobre un
sector fuertemente propenso a las economías de escala, beneficiará a los mayores grupos
y, con toda probabilidad, consolidará la dominación del sector por parte de muy pocos
conglomerados, lo que no constituye solo un problema que afecta la competencia
económica, sino que atañe a la libertad de expresión y a la calidad de nuestra democracia.
Martín Becerra, UNQ – UBA – Conicet
Philip Kitzberger, UTDT – Conicet
Santiago Marino, UNQ – UBA – USAL
Guillermo Mastrini, UNQ – UBA
Eugenia Mitchelstein, UDESA
Soledad Segura, UNC – Conicet
Martín Sivak, UNSAM – NYU-BUENOS AIRES
Gabriel Vommaro, UNGS – Conicet
Silvio Waisbord, George Washington University
Luis A. Albornoz, IIGG-UBA – Conicet
Natalia Aruguete, UNQ – Conicet
Manuel Balan, McGill University
Micaela Baldoni UBA – UNGS – EHESS
Ana Bizberge, UBA
Marcelo Brunet, UNJu – UCSE
Ornela Carboni, UNQ – Conicet
Juan Pablo Cremonte, UNGS
Carlos da Rosa, UN Misiones
Florencia Enghel, Universidad de Estocolmo
Agustín Espada, UNQ – Conicet
Gustavo Fontanals, UBA
Maria Trinidad García Leiva, Universidad
Carlos III de Madrid
Ariel Goldstein, UBA – Conicet
Pedro Arturo Gómez, UNT – UCSE
Nadia Koziner, UNQ – Conicet
Alejandro Linares, UN La Pampa – UBA
Ernesto Picco, UNSE
Natalia Raimondo Anselmino, UNR – Conicet
Lucrecia Reta, UN Comahue
Lorena Retegui, UNQ
Luis Ricardo Sandoval, UNPSJB
Laura Rosenberg UNGS – UBA – CONICET
Ivan Schuliaquer, UNGS – Conicet – Sorbonne
Nouvelle
Lucía Vincent, UNSAM
Esteban Zunino, UNQ – UMAZA – Conicet
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